La sentencia de juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, estableció lo que se denominaron “lazos promiscuos” entre el empresario y la gestión de la entonces presidenta de la Nación. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de los contratos y estructuras de pago realizadas a medida, permitieron que el dueño del Grupo Austral obtenga el 86% de los contratos. Hubo una instancia más: más de 20 acuerdos comerciales de los más variados con la familia Kirchner. La condena establece vínculos con Hotesur – Los Sauces, otra causa que inquieta a la ex vice.
El Tribunal que encontró responsable a la ex vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, sostuvo en los fundamentos de la condena que tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incrementó de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.
Estos dos expedientes están en manos de la Corte Suprema de Justicia después de que la Cámara de Casación ordenó la reapertura del caso y la realización del juicio oral. Ese planteo fue apelado por Cristina Kirchner que pidió la nulidad de esas acusaciones por lavado de dinero, maniobras que la unen (en el marco de dicha investigación) a Lázaro Báez.
En el marco de la causa Vialidad, se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. Así se tendió un puente entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad que hizo foco en los circuitos irregulares que terminaron beneficiando a Báez, y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.
En función de ese argumento, se trazó un eje principal: Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur – Los Sauces.
La decisión del máximo tribunal penal que se conocerá este miércoles, puede ser decisiva respecto a ese circuito de hechos que refieren a un esquema de “reciclaje”, un recorrido del dinero otorgado de forma irregular que regresó al patrimonio de la familia Kirchner.
Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra la ex vicepresidenta indicaron que esa relación tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado.
“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.
¿Cómo se conecta Vialidad con Hotesur – Los Sauces?
El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.
La ventana de tiempo: un dato clave
Cuando durante el juicio se analizó el período de la maniobra defraudatoria, se especificó que el mismo era coincidente con los negocios hoteleros e inmobiliarios que tuvo como protagonista al Grupo Báez y a la familia Kirchner.
Los contratos se celebraron en el mismo período en el recibía sistemáticamente obra pública vial. El dato no es menor para la justicia: el holding recibía dinero de una sola fuente, el Estado.
Todas las operaciones que la vicepresidenta celebró con Austral Construcciones y otras directamente con Báez coincidieron prácticamente en su totalidad, con el período temporal durante el cual obtuvo los beneficios a través de las rutas en suelo santacruceño.
En otras palabras, detallaron los jueces, “fue un vínculo comercial tan estable que abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”.
Los negocios con Los Sauces SA
La compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios, son parte de los acuerdos celebrados entre los Kirchner y Báez, y en el caso Vialidad se tuvo en cuenta aquellos “especialmente aquellos de más extensa duración”, como otro puente entre ese caso y Los Sauces.
Por ejemplo: hubo operaciones realizadas con otras constructoras del grupo, como terreno cedido por Cristina a su inmobiliaria familiar Los Sauces (a título de aporte irrevocable), en el que firma Loscalzo y Del Curto construyó un edificio de cuatro departamentos que, posteriormente (el 30 de diciembre de 2008), se entregó en locación a Kank y Costilla SA. Todas esas eran empresas de Lázaro Báez.
“Recordemos que en virtud de ese concepto la sociedad familiar le facturó a Kank y Costilla 1.652.422,46 pesos sin IVA por el período que va desde enero de 2009 hasta octubre de 2015. Una relación de larga data y por demás fructífera para la sociedad conyugal de los ex Presidentes”, se explicó.
Además, se firmó un fideicomiso para la construcción de unos departamentos que se inscribieron a nombre de Los Sauces para después ser alquilado por dos empresas de Báez.
Otro complejo de departamentos de la inmobiliaria, construidos por Austral Construcciones, fueron alquilados a la firma.
Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.
Los hoteles también
La prolongación en el tiempo y “por las ingentes ganancias que reportaron a la ex Presidenta, los contratos celebrados para la locación y explotación de tres hoteles ubicados en la provincia de Santa Cruz”, se señaló.
Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.
Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.
Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.
Pero la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones recíprocas».
Números cuestionados
Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.
A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas «emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner», sostuvo la fiscalía. Hubo créditos internos de la constructora por 71 millones de pesos, y Kank y Costilla -otra firma del Grupo Báez- también aportó 1.8 millón de pesos.
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